La Fiscalía General del Estado ejecutó allanamientos en Pichincha y Guayas dentro del caso Caja Chica, una indagación por presunta delincuencia organizada vinculada al financiamiento de la campaña presidencial de 2023. Entre los inmuebles intervenidos consta la vivienda de la excandidata presidencial Luisa González.
La vivienda de la excandidata presidencial Luisa González fue intervenida dentro de la investigación por presunto lavado de activos.(cortesia)
La Fiscalía General del Estado ejecutó este miércoles 28 de enero de 2026 una serie de allanamientos como parte del denominado caso Caja Chica, una investigación previa por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos, relacionada con el financiamiento de una campaña presidencial durante el proceso electoral de 2023.
Entre los inmuebles intervenidos consta la vivienda de Luisa González, excandidata presidencial y exasambleísta del movimiento Revolución Ciudadana. Las diligencias se realizaron en coordinación con la Policía Nacional y tuvieron como objetivo principal recabar indicios documentales, tecnológicos y financieros que permitan establecer el origen y destino de los recursos que se encuentran bajo análisis fiscal.
De acuerdo con información del Ministerio Público, la investigación apunta a un posible ingreso de dinero ilícito desde Venezuela, que habría sido utilizado para financiar actividades proselitistas. Las autoridades confirmaron que los allanamientos se ejecutaron en cuatro inmuebles ubicados en las provincias de Pichincha y Guayas y precisaron que durante los operativos no se registraron detenciones.
Allanamientos ejecutados por la Fiscalía General del Estado como parte del caso Caja Chica se realizaron en inmuebles de Pichincha y Guayas.
Investigación previa y reacciones políticas
El caso Caja Chica se encuentra en fase de investigación previa y se originó a partir de una denuncia presentada el 24 de noviembre de 2025 bajo reserva de identidad, según consta en un impulso fiscal fechado el 27 de enero de 2026. La causa se tramita en la Unidad de Fuero de Corte Nacional de la Fiscalía General del Estado, lo que implica que hasta el momento no existen cargos formulados, aunque sí personas notificadas en calidad de investigadas.
Según la Fiscalía, los hechos investigados podrían encuadrar en el delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que contempla penas de hasta 30 años de prisión para los autores y hasta 22 años para los colaboradores, dependiendo del grado de participación que se determine.
El avance del proceso generó una inmediata reacción en el ámbito político. El expresidente Rafael Correa, líder de Revolución Ciudadana, se pronunció en redes sociales durante la madrugada de este miércoles y cuestionó la actuación fiscal. En una primera publicación afirmó que se estaba allanando a figuras del correísmo, entre ellas Luisa González y Andrés Arauz, por una denuncia con reserva de identidad que, según indicó, no ha sido conocida por los investigados, cerrando su mensaje con la frase: “¡YA BASTA!”. Minutos después, reiteró sus críticas al señalar que el proceso respondería a motivaciones políticas.
La investigación involucra a al menos ocho personas, entre ellas dirigentes políticos, exministros, exfuncionarios y figuras del entorno del régimen correísta, como Rafael Correa, Luisa González, Andrés Arauz, Patricio Chávez, Suad Manssur, Patricio René Yánez Rivera, Fausto Herrera Nicolalde y la abogada Bibian Hermita Hernández Velasteguí. Desde el correísmo se sostiene que existe un trasfondo político en el proceso, mientras que la Fiscalía ha reiterado que el caso continúa en investigación previa y que los indicios levantados serán analizados para definir los siguientes pasos.
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